DISCAPACIDAD Y DERECHOS EN LA ARGENTINA 2019.

REALIDAD Y PROPUESTAS – Las cosas como son

DOCUMENTO DE APERTURA

Somos muchas las organizaciones, así como también referentes en diferentes áreas e instituciones, que venimos trabajando a favor de nuestros derechos, por una inclusión plena en todos los ámbitos de la vida, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional.

Por eso vemos con agrado este espacio de encuentro para analizar nuestra situación integralmente y realizar propuestas en cuestiones de género, salud, educación, trabajo, seguridad social, proyectos de ley y políticas públicas.

Hoy, nos encontramos en un contexto en el que, no sólo venimos sufriendo la vulneración histórica que recae sobre este colectivo, sino que, además, hemos retrocedido de manera alarmante en el ejercicio de nuestros derechos, debido al programa neoliberal que viene implementando este gobierno. El Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, al referirse a nuestro país, en septiembre de 2018, expresó “su preocupación por la reducción de los niveles de protección efectiva (…), en particular para las personas y los grupos desfavorecidos, como consecuencia de la inflación y las medidas de austeridad”, y señaló que la previsión del gobierno argentino de un objetivo de déficit cero para 2019, en el marco del acuerdo con el FMI, implica agudizar el recorte del gasto social.

Este gobierno inició, desde 2016, un proceso de reducción indiscriminada de pensiones no contributivas, generando un retroceso grave en materia de derechos. Hoy, la quita de pensiones continúa, a pesar de que la justicia falló a favor del colectivo de personas con discapacidad, en primera y segunda instancia, con sentencias paradigmáticas respecto al derecho a la protección social.

La inclusión laboral en el Estado sigue siendo una deuda, ya que estamos muy lejos de cumplir la ley de cupo del 4%. Persiste un porcentaje menor al 1% e incluso hay denuncias por casos de

despidos en organismos públicos. A esto se suma que las personas con discapacidad poseen menores resultados académicos derivados de la escasa implementación de adecuaciones curriculares, apoyos, ajustes razonables y accesibilidad que el estado está obligado a garantizar. En

el ámbito de la salud, observamos que las políticas de este gobierno nos ponen en riesgo. El ajuste que están sufriendo los hospitales públicos incluyó propuestas como la de integrar cinco hospitales en uno en la Ciudad Autónoma de Bs. As (entre éstos, el IREP, referente histórico en la atención a personas con discapacidad), por mencionar sólo un ejemplo. A esto se suma el vaciamiento del Programa Federal Incluir Salud, destinado a las personas con pensiones no contributivas, y la

provincialización del mismo, que consiste en la transferencia de responsabilidades sin los debidos recursos. Esto arrastra a la demora o falta de pagos al resto del sistema de obras sociales y prepagas, llevando al cierre a muchas instituciones y a otras al peligro de cierre. En materia de género, no hubo medidas específicas que tuvieran en cuenta la cuestión de la discapacidad en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, en la erradicación de la violencia de género, y en mecanismos de denuncia y de protección.

El presidente creó, por Decreto de Necesidad y Urgencia, la Agencia Nacional de Discapacidad, disolviendo organismos preexistentes, desoyendo las voces de organizaciones, como así también de legisladores y legisladoras que rechazaron dicho decreto en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación. Estas medidas inconsultas generan retrocesos, en lugar de condiciones de posibilidad para numerosos avances que el colectivo viene necesitando y

reclamando. El organismo en cuestión maneja el quinto presupuesto nacional y se vio favorecido con la creación de numerosos cargos jerárquicos, sin embargo, tal como expusimos precedentemente, no veló por nuestros derechos.

Venimos reclamando una ley integral que tome en cuenta los principios establecidos en la Convención y nuestra normativa nacional de manera transversal, derogando la ley 22431, que fue sancionada en la dictadura militar, en 1981. También una ley específica de pensiones. Por otra parte, la perspectiva de discapacidad debe estar presente en todas las leyes y en todas las políticas públicas. Para esto, la Convención establece que deben realizarse consultas estrechas propiciando la colaboración activa de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, a través de las organizaciones que las representan.

Próximamente tendrá lugar la “Cumbre Global de Discapacidad, Argentina 2019” en Tecnópolis.

Por todo lo expuesto y, sabiendo que estamos en un año electoral, creemos que dicho evento internacional se convertirá en una campaña de marketing político del gobierno, al tiempo que sigue incumpliendo la Convención. Las personas con discapacidad no queremos ser utilizadas para lavar

la imagen de quienes actúan contrariamente a nuestros derechos.

Sí queremos espacios democráticos y participativos, que posibiliten el fortalecimiento de redes entre organizaciones, equipos de universidades y referentes en la temática, elaborar Informes Alternativos al Informe País cada vez más nutridos, realizar propuestas como las plasmadas en este documento y pensar nuevas acciones. Espacios que sean la semilla para que podamos construir una sociedad más inclusiva, donde las personas con discapacidad podamos participar y gozar

plenamente en todos los aspectos de la vida.